Trabajarán versiones públicas de archivos históricos de inteligencia
23 de septiembre de 2019
Lin Mendivil Alvarado El Archivo General de la Nación (AGN) pondrá a disposición para consulta general el acervo documental de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, esto mediante versiones públicas que el mismo órgano federal realizará, reveló el director de Asuntos Jurídicos de dicha instancia, Marco Palafox Schmid.
En entrevista previa a su conferencia Archivos históricos de inteligencia y la rendición de cuentas, el también secretario técnico del Consejo Nacional de Archivos, añadió que tales versiones públicas derivarán a su vez de las solicitudes de información que se realicen al AGN a través de la Unidad de Transparencia de esta área.
Recordó que en 2001, el AGN recibió 4,223 cajas con documentos de las dependencias citadas, pero no así un inventario de éstas: “en una caja pueden existir diez documentos o 100 no lo sabemos, y en 2019 recibimos esas mismas cajas y estamos tomando en consideración que son entre siete y ocho millones de informes”, estimó.
Existe un misticismo acerca de las funciones que realizaban las direcciones de Seguridad, y la de Investigaciones Políticas, “donde se dice que hubo abusos, violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas; y bajo ese entendimiento le estamos dando la categoría de acervo histórico”, comentó.
“Eso significa que es un acervo de acceso público, pero con ciertas restricciones, por lo que va en los datos personales de naturaleza sensible; sin embargo, el hecho de que sea un acervo histórico permite proteger a los archivos y evita que sean destruidos, porque al ser históricos se tienen que preservar físicamente y en su momento en versión digital”, explicó.
Por decreto presidencial de 2001, el mencionado acervo documental fue entregado al AGN, y con apoyo técnico del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se atendían las solicitudes de acceso a la información, lo cual funcionó hasta el presente año, dijo Palafox Schmid.
En este momento, esos informes están disponibles para su consulta mediante dos modalidades: una es la solicitud de acceso a la información pública, a partir de que éstas se reciben en el AGN comienza un proceso interno para identificar la documentación y datos solicitados, se integra un expediente ficticio y con base en éste se analiza para detectar cuáles son los datos personales de naturaleza sensible.
Si bien la normatividad establece que los documentos históricos son de acceso público y no pueden ser reservados, también indica que únicamente podrán ser clasificados aquellos archivos que contengan datos sensibles, “la diferencia del dato personal y del sensible, es que el sensible es el que te lleva a un estigma o una discriminación injustificada respecto a la persona que se menciona”, abundó.
“Entonces hacemos ese análisis, generamos una versión pública que es la que se pone a disposición del usuario y si solicita la reproducción también se la entregamos… una vez que se generó esta versión pública queda ya para consulta permanente en el Archivo General de la Nación, una persona puede acudir al Archivo ir al área de referencias y ahí solicitar a través de nombres de personas y si en ese en momento existe ese expediente -con la versión pública- en ese momento se lo pueden poner a disposición”, detalló.
En caso de que no exista la versión pública del archivo solicitado, el usuario podrá pasar a la Unidad de Transparencia del AGN a pedir lo que requiere y se trabajará al respecto; mientras más solicitudes haya, más versiones públicas habrá, detalló.
El hecho de no exponer los datos personales de naturaleza sensible se debe a que la misma Ley General de Protección de Datos Personales estipula el cuidado de este tipo de información; pues si bien por un lado está el derecho de acceso a la información, también está el derecho a la no revictimización, aclaró.
El funcionario federal participó en el II Congreso de Archivos: gestión documental para la transparencia, evento convocado por la Red de Archivistas de Sonora, la Universidad de Sonora, la Secretaría de Gobierno, Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Hermosillo, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, el Supremo Tribunal de Justicia, los institutos Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información y el Superior de auditoría y Fiscalización, entre otras instituciones públicas.
