29 de octubre de 2026
Elías QuijadaLa desaparición de una persona no solo representa una situación de incertidumbre para sus familiares, también genera consecuencias legales, económicas y patrimoniales que requieren atención para proteger sus derechos, consideró Michel Castro Gutiérrez, docente del Departamento de Derecho, campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora.
Durante su participación como ponente con el tema “Procedimiento civil de declaración de ausencia y presunción de muerte”, en el III Congreso Internacional de Derecho que se llevó a cabo en el campus Navojoa, el académico universitario abordó la importancia de los procedimientos civiles y familiares que permiten atender la situación jurídica de las personas desaparecidas, así como proteger el patrimonio y los derechos de sus familiares durante el tiempo que permanece sin resolverse su paradero.
Explicó que, ante una desaparición, además de dar seguimiento a la investigación penal y a las acciones de búsqueda, es fundamental que las familias conozcan las herramientas legales disponibles para preservar los bienes, derechos y obligaciones de la persona ausente.
“La falta de información sobre estos procedimientos puede prolongar la incertidumbre jurídica y dejar pendientes asuntos relacionados con viviendas, créditos, pensiones, relaciones laborales y responsabilidades familiares”, dijo.
Destacó que la declaración especial de ausencia constituye un mecanismo para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y brindar protección a quienes dependen de ella, sin que esto signifique dejar de lado la búsqueda ni las investigaciones correspondientes, pues se trata de atender, de manera paralela, las consecuencias jurídicas que enfrenta una familia cuando desconoce el paradero de uno de sus integrantes.
Entre los aspectos analizados se encuentran las medidas provisionales que pueden solicitarse ante la autoridad judicial para proteger el patrimonio, conservar derechos laborales y de seguridad social, resguardar bienes inmuebles y establecer mecanismos para su administración. También se contempla la protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente en lo relacionado con la patria potestad y el interés superior de la niñez, precisó.
Señaló la importancia de que las familias conozcan estos procedimientos, pues la desaparición puede generar dificultades para atender compromisos económicos, gestionar beneficios o resolver asuntos patrimoniales; por ello, la intervención judicial permite establecer medidas acordes con las circunstancias de cada caso, con el propósito de evitar que la ausencia prolongada deje desprotegidos tanto a la persona desaparecida como a sus seres queridos.
Castro Gutiérrez subrayó la relevancia de articular los procedimientos civiles y familiares con los mecanismos de búsqueda y las investigaciones penales, a fin de ofrecer una atención integral a una problemática que afecta profundamente la vida social.
“La desaparición no solo impacta emocionalmente a las familias, sino que puede comprometer su estabilidad económica y el ejercicio de derechos fundamentales”, concluyó.
