Falta camino por avanzar en la protección de derechos humanos: especialistas
29 de julio de 2021
Jesús Alberto RubioPor armonizar la Constitución de Sonora a la reforma federal del 2001 en materia de derechos humanos, se pronunció Pedro Gabriel González Avilés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en reciente Mesa de Análisis y Reflexión organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora.
Además, es importante considerar que falta respeto a la autonomía de ese organismo público en el renglón presupuestario para no fallar como una entidad protectora de los derechos de toda persona en territorio sonorense. “La reforma fue amplia e importante, aunque no necesariamente tiene los efectos a nivel procedimientos, los derechos humanos y otros pendientes”, reiteró en la reunión virtual.
González Avilés destacó la importancia de la formación de las nuevas generaciones de universitarios en este tema y el respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.
A su vez, José Gerardo Gastélum Bojórquez, director de Promoción y Capacitación de la CEDH, hizo mención de la reforma a los Derechos Humanos a partir de 34 iniciativas en el Congreso de la Unión y que fue el 10 de junio de 2011 cuando se publica la mencionada ley.
Asimismo, Carlos Emilio Arenas Bátiz, magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, también abordó la reforma constitucional del 2011 desde la perspectiva local, recordando en qué situación se encontraban las autoridades del ramo antes de la modificación de la ley en materia de derechos humanos.
Al respecto, planteó que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado sus alcances, lo que permite saber que la competencia de los jueces locales representa una atribución muy significativa del derecho en el ámbito local.
Arenas Bátiz puntualizó en que hoy todos los jueces locales aplican criterios y contenidos en las tesis del poder judicial, lo cual es un avance que ha sido benéfico en el ámbito legislativo y la tutela de los derechos humanos. “Esta reforma ha sido suficiente para provocar un giro de 180 grados en beneficio de la jurisdicción local”, puntualizó en su intervención.
Reforma continua y normativa
Por su parte, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, destacó que la reforma constitucional en mención es continua y normativa porque se han publicado 57 modificaciones, las cuales se refieren en gran parte al derecho de las personas.
“Tiene continuidad en reformas constitucionales y la reglamentación legislativa que le secundó, así como el tema de la interpretación referido a conceptos relevantes que son el sustrato de los derechos humanos y la dignidad de las personas como derecho y principios inherentes al ser humano”, sostuvo.
González Pérez planteó que esa norma jurídica consagra los derechos a favor de las personas, haciéndolo no sólo como una consideración ética, sino con la protección y garantías que corresponde al Estado.
“Sabemos que nadie debe ser humillado, violentado, ser sujeto de tortura, malos tratos, penas crueles, inhumanas y/o degradantes, lo cual sabemos ya está previsto en su enunciación en diversos tratados internacionales”, expresó.
Consideró que la reforma representa un parteaguas, pero a la vez hay camino por avanzar en el conocimiento de derechos humanos, ejemplo en materia laboral, donde hay una brecha importante por ser un nicho donde todavía no se ha ejercido por los particulares para que los organismos puedan asistirlos.
Indicó que parte de los impactos también se ven en la Ley General de Responsabilidades, estableciendo como causa grave que los servidores no colaboren en ese tema.
“A una década aún se tienen claroscuros, con avances normativos e interpretativos, pero persiste una brecha enorme entre hipótesis de las leyes enunciadas, ya que en la realidad todavía quedan agendas pendientes para dar certeza jurídica a los derechos humanos”, concluyó en la reunión moderada por el académico Luis Enrique Mercado Rodríguez.
