Participación ciudadana, pieza clave en el combate a la corrupción
24 de junio de 2017
Una sociedad participativa que denuncie formalmente actos de corrupción, es fundamental para enfrentar este tipo de actos que hacen mella en el ámbito económico y político y, sobre todo, dañan la confianza de la ciudadanía en la instancia gubernamental, coincidieron hoy representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.Lo anterior fue señalado por los participantes de la mesa Políticas para prevención de la corrupción, misma que llevó a cabo como parte de las actividades académicas del Congreso de Archivo y Transparencia, motor para la democracia, convocado por la Universidad de Sonora, en conjunto con diversas instituciones.
El moderador de la sesión fue el presidente del Consejo Directivo y director general del Instituto Sonorense de Administración Pública, Alberto Haaz Díaz.
La primera intervención estuvo a cargo del secretario de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Erick Iván Jaimes Archundia, quien comentó que el Sistema Estatal Anticorrupción tiene como base lineamientos establecidos en este sentido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Mencionó que desde la década de los 70 se han establecido en México diversos mecanismos contra la corrupción; destacó el caso de Sonora, que hoy en día cuenta con normatividades que brindan autonomía a las instancias fiscalizadoras y de investigación de actos de corrupción, lo cual permitirá contar con un gobierno más fortalecido y con un gobierno enfocado a la rendición de cuentas.
Posteriormente, el fiscal especializado en materia anticorrupción, Odracir Espinoza Valdez, destacó que en las políticas de combate a la corrupción “hay que aclarar que el primer elemento que tiene que participar es la ciudadanía. No sólo que señale, sino que use los mecanismos legales y formales que se tienen para hacerlo”, y dichos mecanismos fortalecerán a las instituciones, destacó.
“La corrupción es un monstruo de mil cabezas”, dijo, y reconoció que ésta no es privativa de un sexenio o trienio, sino que incluso forma parte de la historia de nuestro país, pero es con la participación de la sociedad civil y los organismos empresariales que se avanzará en el combate a la misma.
Añadió que, según datos del Inegi, el 66% de los mexicanos considera que la inseguridad es el principal problema de la sociedad, y en segundo lugar está el tema de corrupción, con el 55%. En el caso de Sonora, la entidad se encuentra en el decimoprimer lugar en la percepción de corrupción a nivel nacional, pero hay que considerar que todos los esfuerzos que actualmente se hacen contra la corrupción tendrán resultados más adelante.
En tanto, el diputado presidente de la Comisión Anticorrupción de la actual legislatura del Congreso del Estado, David Homero Palafox Celaya, reconoció la crisis por la que atraviesa el sistema político mexicano, y para cambiarlo se necesita un cambio cultural, pues por diversos motivos existe la arraigada idea de que el político y/o servidor público se sirve a sí mismo y no a la ciudadanía.
Aprovechó la ocasión para mencionar algunas de las bondades de los sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción, mismos que se deben socializar, pues en el caso local, las estrategias anticorrupción van más allá de “amarrarle las manos a los servidores públicos”: el Sistema Estatal Anticorrupción tiene el objetivo de prever y detectar servidores públicos que falten a la ley, subrayó.
En todo esto, el tema importante es la inclusión y la participación de la ciudadanía, pues de lo contrario el sistema anticorrupción tiende a fracasar; así como también se le debe apostar a la educación y a crear un nuevo proceso cultural.
La última participación fue del magistrado de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción, Ricardo García Sánchez, quien recordó que la corrupción tiene efectos negativos en el ámbito político porque deslegitima al gobierno y también influye en lo económico, ya que los recursos malversados hacen falta para mejores servicios públicos.
Aunque no se puede ignorar la evolución de los sistemas de transparencia, éstos habían sido esfuerzos desarticulados; sin embargo, la normatividad actual anticorrupción articula todos esos esfuerzos y se cuenta con una estrategia conjunta contra la corrupción, además “tiene el ingrediente de que se están sumando los ciudadanos, porque ellos serán los garantes de que el sistema anticorrupción funcione mejor”, resaltó.
Reconoció que lo fundamental es inhibir el hecho de la corrupción, y consideró que el actual sistema anticorrupción evita dichas prácticas al contemplar sanciones fuertes, como la inhabilitación del servidor público de diez a 20 años por una afectación de 15,000 pesos.
Finalmente, García Sánchez invitó a los servidores públicos a leer la nueva ley en este sentido, pues será “un parteaguas en la administración pública”, concluyó. (LMA)
