Requiere México cambios en las leyes que rigen la administración pública: Fernández Ruiz

27 de septiembre de 2021


Beatriz Espinoza

En México existen muchas administraciones públicas y por esa razón, es preciso modificar la normativa mexicana en esta área, empezando por la Constitución, consideró Jorge Fernández Ruiz, reconocido jurista mexicano cuya trayectoria fue homenajeada en la reciente edición número XIII del Congreso Mexicano de Derecho Administrativo.

En el evento, que se llevó a cabo de manera semipresencial desde la Universidad de Sonora, el presidente honorario de las asociaciones Internacional y Mexicana de Derecho Administrativo y maestro honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en la Constitución debería plantearse que la administración pública se distribuye en diversas áreas y no es sólo una.

“La Constitución debería plasmar que la administración publica se distribuye en diversas áreas: la del Poder Ejecutivo, la del Poder Legislativo y la del Poder Judicial, además la de cada uno de los organismos y órganos constitucionales y en cada una de las universidades públicas federales a las que la Ley confiere autonomía”, expresó.

El autor de más de 70 libros, más de 100 capítulos de diversos textos y de más de 50 artículos en revistas jurídicas dijo que debe abordarse lo relativo a la administración pública federal y expedirse una Ley Orgánica para la Administración Pública Federal, una para el Poder Ejecutivo, otra más para los organismos constitucionales autónomos y otra de carácter federal para las universidades públicas federales autónomas.

En su conferencia sobre La administración pública del Poder Legislativo en México, el especialista advirtió que, sólo modificando las normativas, se corregiría una omisión que hemos tenido desde siempre en México.

Expuso que la administración pública en México es ‘moneda corriente’ y se ignora que esta área está fuera del poder ejecutivo, pues, desde la Constitución, en el artículo 90, señala que la administración pública federal será centralizada y paraestatal.
Anuncia también, comentó, la excepción de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e ignora las áreas de la misma administración pública del poder legislativo con el ejecutivo y de sus órganos constitucionales autónomos.

“Está soslayando la existencia de una realidad, pero esa situación no es exclusiva de nuestro país, y como decía, es moneda corriente en todos los países del continente y de Europa también”, agregó y dijo que hay que abrir bien los ojos y reconocer que la administración pública se distribuye en diversas áreas.

“Debemos tener presente que hay un universo de administraciones públicas en el país. Un universo compuesto por una administración pública federal, una administración pública de la Ciudad de México, 31 administraciones públicas de los estados de la República, 2,453 administraciones públicas de los municipios y 16 administraciones públicas de las alcaldías de la ciudad de México”, añadió.

En su tema, describió cómo funciona la administración pública del Poder Legislativo, misma que se compone de la administración pública de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, siendo en la primera que la administración se centra en la secretaría general que a su vez está integrada por una secretaría de asuntos parlamentarios, una secretaría de asuntos administrativos y cada una desarrolla actividades de la administración pública.

Describió las funciones que desarrolla cada uno de estos organismos con sentido de administración pública y se observa que en su desempeño están desregulados, como el punto específico de las adquisiciones.

“El artículo 34 constitucional previene que las adquisiciones del estado se realicen mediante contratos, que se adjudiquen mediante licitación pública a la que se convoque públicamente, salvo las excepciones que establezca la propia Ley.

“Pero tenemos que la Ley Orgánica del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos no establece excepciones para no hacer licitaciones de adquisición de bienes muebles, de arrendamiento de bienes muebles, o de contratación de servicios, por lo que está infringiendo la Constitución. Ahí donde se hacen las leyes, no rigen las leyes, paradoja que hay que corregir”, apuntó.