Juzgar con perspectiva de género garantiza los derechos humanos: Esequiel Rico Aguirre
23 de septiembre de 2021
Elías QuijadaEl juzgar con perspectiva de género no es algo optativo, es una acción intrínseca a la labor jurisdiccional y exige cumplir con un análisis exhaustivo basado en los elementos descritos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el protocolo que emana de ella para enfrentar procesos penales de los y las mexicanas, aseguró Esequiel Rico Aguirre, secretario del Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora.
Dijo que todas las personas o autoridades en el ámbito de sus funciones jurídicas deben de analizar las normas, hechos y pruebas desde una inclusión que garantice la equidad en los procesos que son sometidas las personas.
En su intervención como conferencista en el coloquio La transversalidad y el derecho, organizado por el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de Sonora, Rico Aguirre explicó que la SCJN ha establecido un protocolo para que puedan dar las bases y lineamientos de qué implica juzgar con perspectiva de género; mientras que en Sonora es un desarrollo que inicia y se vislumbra buenas acciones en favor de la impartición de justicia.
“La capacitación viene primero en los organismos federales y a la par las autoridades estatales realizan actividades para que los servidores públicos como el foro jurídico sepan en qué consisten la perspectiva de género, las obligaciones que se tienen para efecto de que no se haga algún tipo de discriminación”, señaló.
Se piensa, agregó, que la equidad de género es necesaria para casos relativos para mujeres, aunque suele ser las que padecen de manera recurrente los efectos nocivos de las concepciones de los géneros, pero también puede detectar cómo el derecho afecta situaciones particulares de las personas en general, al omitir consideraciones las implicaciones que tiene en su vida.
Al mencionar las acciones que se han tomado entre las y los trabajadores del estado para mantener niveles de igualdad, informó que se imparten cursos y diplomados enfocados para cada disciplina o grado profesional, incluso la Barra Sonorense de Abogados ha impulsado este tema a través de capacitaciones entre sus agremiados, porque es una obligación por parte de las autoridades en facilitar las opciones para llevar a cabo una cultura de inclusión y perspectiva de género.
El secretario del Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito con sede en la capital sonorense indicó que el poseer perfiles con una cultura de género aseguran el respeto de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución de México.
Actualmente, dijo, todas las autoridades están revisando ya sea asuntos penales, civiles, familiares, amparos y materia administrativa si existe una vulneración en casos e incluso el protocolo de la SCJN establece la obligación que tiene la autoridad ante una sospecha de violación, debe de recabar pruebas por oficio aun cuando las partes no lo hayan denunciado.
“El protocolo consiste en una herramienta por la cual nos dice cómo se van a analizar las normas, los hechos y pruebas; cómo se deben de apreciar los hechos, cuáles son los hechos que se deben de juzgar con la perspectiva de género; es un recetario que permite identificar cuestiones de género, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones, cuestionar la neutralidad del derecho, aplicar los estándares de los derechos humanos y evitar la utilización de un lenguaje basado en estereotipos o perjuicios, por ello, se necesita un lenguaje incluyente”, afirmó.
Ante la presencia de estudiantes y profesores de manera híbrida expuso que es esencial implementar acciones en las universidades y centros de estudios a través de programas curriculares que se basen en la perspectiva de género, porque serán los propios alumnos los juzgadores y usuarios del mañana.
“Las actividades como las que nos convocan son muy importantes porque son conocimientos, figuras y cuestiones que el estudiantado tiene que saber y conocer para cuando se desempeñen como abogados litigantes al defender a sus clientes, juzgadores o servidores públicos y al momento de cumplir con sus funciones se puedan apegar a las normas con perspectiva para combatir la desigualdad de género”, concluyó.
