Analizan en conversatorio el acceso de las mujeres a la justicia
27 de noviembre de 2020
Aleyda Gutiérrez GuerreroEn nuestro país hay 3,556 agencias del Ministerio Público que tienen alguna especialización en delitos contra las mujeres, y sólo un 3.3% son especializadas en delitos sexuales. Para hablar de cómo hacer posible que las mujeres tengan acceso a servicios, a prevenir, a erradicar y a sancionar la violencia se convocó a trabajadoras de distintas instituciones.
El acceso de las mujeres a la justicia: reto de las instituciones para garantizarlo, es el nombre del conversatorio en el que participaron María Auxiliadora Moreno Valenzuela, Katy Salinas Pérez, Alma Lorena Alonso Valdivia, Josefina Elena Olivarría Guizar e Irene Manzo Reyes, y como moderadora estuvo la académica María Elena Carrera.
Esta actividad, transmitida en línea por la plataforma Zoom, fue organizada por la División de Ciencias Sociales, a través del Posgrado en Derecho, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el 25 de noviembre.
La dinámica inició con el testimonio de Irene Manzo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, asesora externa en temas de emprendedor, trabajando en todo tipo de organizaciones e instituciones educativas.
La también especialista en marketing político contó un trágico suceso en su vida, que como emprendedora de un medio de comunicación en Cajeme, llamado Cajeme flash, le tocó vivir y por el que tuvo que estar más de un año en la cárcel. Platicó además que acepta que tomó malas decisiones al firmar documentos para obtener un préstamo para su negocio, pero también cómo sintió que la justicia no obró del todo a su favor.
En su intervención, Alma Alonso Valdivia, egresada de la Licenciatura en Derecho, especialista en derecho penal y criminología, y consejera en el Instituto Estatal Electoral (IEE), dijo que actualmente en el sistema de justicia, en este caso electoral, el diagnóstico que priva es una escasa cultura de la denuncia en materia electoral, pero que a la vez ha habido avances en el nivel normativo en materia de paridad política.
Resaltó que en el IEE se siguen aprobando reglamentos y normativas en razón de género y que además se están implementando cursos a políticos, sindicatos, medios de comunicación, así como también que estarán atentos a monitoreos de precampañas y campañas para hacer cumplir estas normatividades.
Por su parte, la doctora en Derecho Público María Auxiliadora Moreno, quien es coordinadora del Posgrado en Derecho y académica universitaria desde hace 30 años, así como miembro activo de la Comisión de Género e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales, resaltó que el acceso a la justicia en un derecho que está contemplado en la normativa, pero que el diagnóstico no es muy halagador.
Indicó que hay toda una serie de problemáticas que tiene que ver con institucionalidad, infraestructura, presupuestos, la capacitación y todo lo que impacta en el momento en que la persona va a solicitar que se le haga justicia. También informó de las instancias que se han creado en la Universidad de Sonora para dar seguimiento a las denuncias de las estudiantes.
A su vez, la también académica de la Unison Josefina Elena Olivarría, quien es abogada litigante y experta en temas de derecho para las mujeres y ha trabajado en el Poder Judicial del Estado de Sonora, dijo que aunque la justicia es un derecho humano, éste es quebrantado puesto que la mayoría de violencia contra las mujeres queda en impunidad y por ello hay protesta de grupos feministas.
Señaló que en el caso de los procesos judiciales y la procuración de justicia penal y civil se hace patente esa falta de capacidad en temas importantes, como igualdad y perspectiva de género, añadió que aunque ya se tiene la parte sustantiva, la falla está en ejecutar esas leyes, que se cumplan las solicitudes en los tribunales y se siga promoviendo la denuncia.
Katy Salinas, licenciada en Derecho, especialista en psicología y perspectiva de género, candidata a Doctora en Derecho Penal y actualmente titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, habló de cómo está la justicia para las mujeres a nivel internacional, nacional y local.
Destacó que en Coahuila, avalados por un instituto de capacitación de Colombia, están implementando un modelo donde se reorganiza el poder judicial y donde un solo juez especializado va a asumir dos competencias para que las mujeres no tengan que tratar temas penales y asuntos familiares en dos instancias distintas, por lo que se convierten en juzgados de competencia mixta.
En la reflexión final, las participantes coincidieron en la importancia de la capacitación tanto para cuestiones de prevención a nivel escolar, como para las diferentes personas que tienen que dar atención y seguimiento cuando existan denuncias de violencia contra las mujeres.
